La ONU insta a México a abandonar “de inmediato” la militarización de la seguridad pública
La junta contra las Desapariciones Obligadas de Naciones Unidas ha instado a México a renunciar a “de inmediato” el enfoque de militarización de la estabilidad pública en el territorio. El conjunto de profesionales independientes que pasó a ver México en noviembre ha señalado este martes que la táctica implementada a partir de los años noventa y todavía vigente fue “insuficiente e inadecuada” para la custodia de los derechos humanos. “Las actuales reformas normativas no huyen a esta tendencia”, ha indicado la presidenta del comité, Carmen Rosa Villa Quintana, en una conferencia de prensa virtual a partir de Ginebra (Suiza). El informe presentado remarca que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 162 sugerencias a las secretarías de la Custodia (Sedena) y la Marina por violaciones graves a los derechos humanos; 15 estaban en relación con desapariciones obligadas.
“La persistente colaboración de la Fuerza Armada” en las tareas de estabilidad pública en México “permite colocar en duda” su respeto a “los estándares constitucionales e de todo el mundo en temas de derechos humanos y estabilidad ciudadana”, apunta el informe. La Sedena y la Marina se hallan en medio de las 5 autoridades federales con más número de sugerencias en trámite frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), conforme el informe, y la Sedena y la Guardia Nacional figuran en medio de las 10 autoridades señaladas con más frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos. Frente a este caso, Villa Quintana ha señalado la necesidad de “fortalecer a las fuerzas civiles del orden” y de llevar a cabo una estrategia de retiramiento “ordenado, inmediato y verificable” de los militares de las labores de estabilidad pública.
La táctica de militarización se fomentó en especial desde el sexenio del panista Felipe Calderón (2006-2012), que sacó la fuerza armada a la calle para combatir a los cárteles. La popular como guerra contra el tráfico ilegal de drogas ha continuado a partir de entonces. La modalidad no ha cambiado con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador (Morena), quien había prometido cambiarla. En 2019, no obstante, el mandatario diseñó la Guardia Nacional como una organización policial de carácter civil que en la práctica es un cuerpo humano militar: de sus 101.182 miembros, el 58% provienen del Batallón y 16% el de la Marina; solo un tercio perteneció a la vieja Policía Federal. Un año luego, López Obrador divulgó un convenio presidencial que ordenaba a la Fuerzas Armadas quedar en las funcionalidades de estabilidad. Las desapariciones crecieron a lo extenso de este lapso de manera exponencial. Más del 98% de las observadas en el informe sucedieron entre 2006 y 2021.
El archivo apunta que los datos “evidencian la estrecha interacción entre el aumento de las desapariciones” y la táctica implementada en el Regimen de Calderón. Una vez que la junta estuvo en México, entre el 15 y el 26 de noviembre, había 95.121 personas registradas como desaparecidas a partir de 1964. 112 desapariciones sucedieron a lo largo de la visita de los profesionales independientes, que recorrieron 13 Estados y se entrevistaron con autoridades federales y del Estado, comisiones de averiguación, parientes de víctimas, burócratas, empresas de derechos civiles, además de asistir a exhumaciones, jornadas de rastreo y a prisiones. Se trató de la primera visita del organismo, que a partir de 2013 había intentado participar en los procesos de averiguación sin el respaldo de los gobiernos. En los últimos 2 años, según los datos oficiales a los que accedieron, “se ha producido una reducción en el número de individuos desaparecidas”. “No obstante, las desapariciones muchas veces se reportan entre uno y 2 años más tarde de superpetración”, avisa la exploración difundido este martes.
Las desapariciones obligadas continúan siendo cometidas de manera directa por agentes públicos del entorno federal, estatal y municipal. La delincuencia estructurada, además, se convirtió en “un perpetrador central” de desapariciones, “con distintas maneras de connivencia y varios grados de colaboración, aquiescencia u omisión de servidores públicos”. “Los Estados parte son causantes de las desapariciones obligadas cometidas por los servidores públicos, sin embargo además tienen la posibilidad de ser causantes de las desapariciones cometidas por empresas criminales”, ha hablado Villa Quintana. Aunque los desaparecidos siguen siendo más que nada hombres de entre 15 y 40 años, las cifras oficiales presentan un incremento “notable” de las desapariciones de chicos y chicas desde los 12 años, de jóvenes y de féminas. “Se intentaría desapariciones que tendrían como objeto esconder la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual”, ha aclarado Villa Quintana.
Alerta por “la impunidad casi absoluta”
Solo entre el 2% y el 6% de las desapariciones habían sido judicializados hasta el 26 de noviembre de 2021, según las averiguaciones del comité de profesionales, y unicamente se habían emitido 36 sentencias a lo largo del territorio. A ello, apunta el informe, se suma la reacción, “pasiva muchas veces”, de las instituciones judiciales, lo cual causa “falta de confianza” de las víctimas y resulta en un “alto número” de casos no reportados. “La impunidad en México es un rasgo estructural que beneficia la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones obligadas y pone en riesgo y causa zozobra a las víctimas”, dijo Villa Quintana. La junta ha considerado que la contienda contra esta falta de indagación y condenas es “impostergable”.
A las desapariciones se suma otra problemática, que es la crisis forense. Según datos públicos, bastante más de 52.000 personas fallecidas no identificadas se hallan en fosas habituales, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de defensa y almacenamiento forense. “Según diversos profesionales entrevistados”, señala el archivo, “en las recientes condiciones podrían ser necesarios 120 años para identificarlos”. Los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran casi el 72% de los cuerpos no reconocidos. Los servicios forenses, apunta el informe, son “insuficientes” y el caso se agrava ya que las herramientas previstos en la ley no fueron establecidos. Recientemente, el Regimen ha planteado producir un centro de identificación humana para atender la crisis.
Aunque se han predeterminado “múltiples proyectos y políticas públicas para hacer frente las desapariciones” durante los años, la carencia de coordinación entre las diversas instituciones y actores, el presupuesto limitado con el que operan las comisiones de averiguación y la carencia de personal previene frenar el fenómeno, conforme el informe. Por esa razón, la junta ha instado al Regimen a adoptar de manera “urgente” una política nacional para prevenir y eliminar las desapariciones que involucre a las autoridades federales, del Estado, municipales, a los órganos autónomos, a las víctimas y a los colectivos que las representan, que combata las razones de las desapariciones obligadas y apunte a su no repetición. “Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debería ser el centro de la política nacional”, ha apuntado Villa Quintana.
Un denominado a robustecer el Mecanismo de Custodia para periodistas
Los profesionales de las naciones unidas han considerado “preocupante” la desapariciónde bastante más de 30 periodistas entre 2003 y 2021. Ninguno fue ubicado, según amonesta el informe, y las averiguaciones o sanciones a los causantes “no tuvieron avances”. El homicidio de 8 reporteros en los primeros 3 meses del año ha llevado los ataques contra la prensa en México y el entorno de precariedad en el cual trabajan los comunicadoes al entorno mundial, a partir de donde diferentes organismos y gobiernos han reclamado a López Obrador que atienda e investigue dichos atentados. La junta de Naciones Unidas que pasó a ver el territorio en noviembre además ha mostrado su “preocupación” por la desaparición de defensores de derechos humanos en el territorio, para quienes “las agresiones son una realidad constante”, y ha denominado a robustecer el Mecanismo de Custodia para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y los mecanismos federales y del Estado de defensa de víctimas.
