Corte valida acuerdo de AMLO que ordenó la salida de las fuerzas armadas a las calles
Las fuerzas armadas continuarán en las calles para continuar participando de “manera extraordinaria” en tareas de estabilidad, pues la SCJN (SCJN) validó el consenso que emitió el mandatario Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó la salida de los militares de sus cuarteles hasta 2024 para confrontar al crimen organizado en distintas zonas de la nación. Por mayor parte de 8 votos, el Pleno de la Corte concluyó que el titular del Poder Ejecutivo Federal usó correctamente su facultad implantada en el artículo quinto transitorio del Decreto de reforma constitucional en temas de Guardia Nacional de 26 de marzo de 2019. El artículo transitorio posibilita, en tanto la Guardia Nacional lleva a cabo su composición, habilidades e fijación territorial, que el Mandatario de la República logre contar con la Fuerza Armada persistente en labores de estabilidad pública de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. La ministra ponente Margarita Ríos-Farjat planteó proclamar infundada la discusión constitucional promovida por la Cámara de Diputados, la cual argumentó una invasión a sus facultades. Ríos-Farjat abandonó claro que el consenso no normaliza la militarización, ni constituye una medida que evidencie una renuncia a la formación de una Guardia Nacional, al ser solamente un reflejo de lo cual el constituyente dispuso en nuestra Constitución Federal. “Podemos tener preferencias individuales, tenemos la posibilidad de tener posiciones y valoraciones diversas, empero no debemos politizar un asunto demasiado delicado no solo para el territorio, sino para la percepción de la sociedad. “Hoy discutimos un pacto, emitido por el titular del Ejecutivo, desde una provisión del poder constituyente en sede democrática. Pretender que toda la política al respecto está en este Consenso, no sólo desborda la litis, sino que impide calibrar ponderadamente el alcance del Consenso impugnado a la luz de lo cual le da origen, y que es un precepto del constituyente permanente”, manifestó.
Ciertos ministros, como Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara Carrancá reconocieron el grave problema que confronta el territorio en temas de estabilidad, empero manifestaron que el Consenso publicado no cumple con los requisitos para que la milicia y Marina participen en estas tareas de forma regulada. Alcántara Carrancá señaló que lo anterior podría abrir la puerta para que los militares suplan a la Guardia Nacional y para que participen en cualquier tarea de estabilidad. No obstante, las ministras Regla Piña Hernández, Loretta Ortiz Ahfl, Yazmín Esquivel Mossa, y los ministros Javier Laynez Potisek, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro mandatario Arturo Zaldivar Lelo de Larrea, se sumaron a la iniciativa de Ríos-Farjat, en que no debería invalidarse el Consenso, pues el Mandatario de la República ejerció bien su facultad. Paralelamente, el ministro Alberto Pérez Dayán votó solo por una sección a favor del plan y pidió invalidar diferentes artículos. Por su lado, el ministro Arturo Zaldívar puntualizó que este tema no radica si debería utilizarse a las fuerzas armadas en tareas de estabilidad, sino solo si el titular del Ejecutivo ejecutó bien su facultad fundada en el artículo transitorio. Rememoró que el regimen vino recurriendo a las fuerzas armadas por varios años, primero, si un marco jurídico. Tal ausencia de regulación generó inseguridad e incertidumbre y en medio de las propias fuerzas armadas. El ministro indicó que no se pueden negar abusos y arbitrariedades que se tradujeron en violación a los derechos humanos, fundamento por el que las fuerzas armadas solicitaron la regulación de su actuación. Agregó que hubo intentos de regulación, sin embargo fracasaron pues se trató hacer pasar estabilidad interior por estabilidad pública. “El hecho de que esta Suprema Corte valide la colaboración de las Fuerzas Armadas en labores de estabilidad hasta en tanto otras instituciones de carácter civil como la Guardia Nacional concluyen su incorporación y adiestramiento, de ni una forma supone que este tribunal se encuentre autorizando la militarización de la estabilidad pública”, enfatizó. El consenso emitido por López Obrador instituye que la participación de la fuerza armada persistente tendrá que ser formalmente solicitada, para brindar defensa a los individuos y la preservación de sus bienes, en situaciones de riesgo, una vez que se vean amenazadas por situaciones que impliquen maltrato o peligro inminente. El consenso menciona que la fuerza armada persistente se administrará en todo instante por la precisa observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1 de la Constitución y tendrá que respetar la Ley Nacional Sobre la utilización de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia.
