Despliegue del Ejército prioriza a estados gobernados por Morena, no a los más violentos

Pese a que el mandatario Andrés Manuel López Obrador confirma que la permanencia del Batallón en labores de estabilidad pública es escencial para combatir los elevados índices de maltrato en el territorio, datos oficiales presentan que en esta gestión el despliegue militar no se enfoca hacia las entidades con más asesinatos dolosos, sino hacia esas gobernadas por Morena.

El martes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Estabilidad Pública (SESNSP) presentó su informe mensual de incidencia delictiva, en el cual refirió que, de enero a agosto de 2022, 6 entidades registraron 10 mil 108 víctimas de asesinato doloso, cifra que representa el 48.7% del total (20 mil 722).

Conforme con la información otorgada por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades de la nación, hablamos de Guanajuato (2 mil 115 víctimas de asesinato doloso), Baja California (mil 801), Michoacán (mil 767), Estado de México (mil 696), Jalisco (mil 394) y Chihuahua (mil 335).

En contraste, la SEDENA (Sedena) refiere que en medio de las 6 entidades con más despliegue militar se hallan la Ciudad de México, Guerrero, Michoacán y Veracruz, que son gobernadas por Morena y que en su grupo suman 21 mil 990 militares en sus calles. Este dato representa una cuarta parte de todo el personal militar localizado en labores de estabilidad pública.

De aquellas entidades, solo Michoacán —donde administra Alfredo Ramírez Bedolla a partir de 2021— está en medio de las 6 más violentas de la nación. Guanajuato y Baja California, que ocupan los sitios uno y 2 en víctimas de asesinato doloso, permanecen en los sitios 8 y 13 referente a despliegue militar.

La semana pasada, especialistas consultados por Animal Político señalaron que hay “una lógica política” en el despliegue de militares y recursos de la Guardia Nacional en los estados, no un criterio táctico-estratégico. Dichos números se otorgan a conocer a medida que en el Congreso se discute una reforma promovida por Morena y sus socios para alargar hasta 2028 la existencia de militares y marinos en labores de estabilidad pública.

Ayer, el Senado concluyó pausar el debate del asunto y volver el dictamen a comisiones, sin que por ahora se sepa en qué momento se reanudará el proceso.

6 de cada 10 víctimas de asesinato doloso fallecen por arma de fuego

Otro dato que lanzó el SESNSP en su informe mensual refiere que 6 de cada 10 víctimas de asesinato doloso reportadas en los 6 estados más violentos fallecieron por arma de fuego. Esto se traduce en 7 mil 242 personas.

El martes, a lo largo de la conferencia de prensa mañanera del mandatario Andrés Manuel López Obrador, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Estabilidad y Custodia Ciudadana (SSPC), indicó que, en la situación de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Jalisco y el Estado de México, existe una tendencia a la baja en asesinatos dolosos, en lo que para la situación de Chihuahua esta incidencia se ha contenido en los mismos fronteras a lo largo de 3 meses.

De forma desagregada, los datos del SESNSP refieren que, si bien en 4 de los estados previamente mencionados se registró un bajón en víctimas de asesinato doloso, Michoacán y Baja

California no siguieron dicha tendencia. Por otro lado, incrementó el número de víctimas por arma de fuego.

En la situación de Michoacán, el crecimiento ha sido más abrupto, al pasar de mil 278 víctimas mortales de enero a agosto de 2021 a mil 460 en el mismo lapso de 2022, mientras tanto que en Baja California pasó de mil 213 a mil 226.

Las autoridades mexicanas han señalado en reiteradas situaciones que una de las primordiales causas por las que son asesinados muchos mexicanos en territorio nacional es por el tráfico ilegal de armas que provienen estadounidense.

Por esta razón, a partir de agosto de 2021 el regimen de México preserva un litigio legal mundial en oposición a la compañía Smith & Wesson y otras 10 armerías estadounidenses, a las que acusa de presunta negligencia y falta de cuidado para vender armas.

A lo largo de las audiencias previas a llegar a un juicio, las armerías han requerido el desechamiento de la demanda bajo el argumento de que México no posee capacidad para demandarlas, puesto que disfrutan de una “inmunidad procesal” por la Ley de Defensa del Negocio Legal de Armas, que a partir de 2005 salvaguarda a elaboradores y distribuidores de armas estadounidenses ante solicitudes civiles.

No obstante, ya que fiscales en general demócratas de 13 estados de EU han presentado escritos de apoyo a México, al igual que territorios como Vieja y Barbuda y Belice, la situación pudo seguir y está en la actualidad en espera de fecha para juicio.

Cifra negra y falta de compostura de mal

A pesar de que las cifras del SESNSP son usadas por el regimen federal para exponer adelantos en temas de estabilidad pública y por empresas civiles para hacer estudio de la incidencia delictiva, diferentes profesionales en la materia han criticado que exista una cifra negra de diferentes delitos provocada por las mismas autoridades.

David Saucedo, especialista en estabilidad pública, estima que el territorio tiene una problemática bastante profundo en procuración de justicia y que este problema se repite de manera sistemática. “Tenemos una cifra negra de delitos no denunciados; de los que se denuncian, pocos son investigados, y de los que al final son investigados, pocos obtienen una sentencia condenatoria”, comentó en entrevista.

“En sistemas de procuración de justicia más avanzados, el cuarto escalón es la compostura del mal. En México, ni siquiera estamos en condiciones de tener métricas para saber cuántas personas que fueron víctimas de cualquier delito han tenido una compostura del mal sin que importe cuál habría sido el tipo de compostura. O sea, del tipo económico o material. No poseemos ni una métrica en este sentido”, expuso.

Lo anterior, en su crítica, es provocado en enorme medida pues “los despliegues del Batallón, como se ha dicho en diversas situaciones, son despliegues de presencia disuasiva; mejor dicho, en verdad no realizan tarea de averiguación ni desarticulación de redes criminales”.

Por esa razón —en una entrevista previa—, advirtió que alargar hasta 2028 la existencia militar en las calles no es una solución, sino una medida para producir “falsa confianza” entre la ciudadanía.

“De hecho, (los gobernadores de Morena) hicieron campaña en oposición a los gobernadores anteriores señalando el grave deterioro que había sufrido la estabilidad pública. Morena se benefició del clima de inseguridad de forma político-electoral, empero ahora que son regimen permanecen sufriendo el desgaste y los estragos que crea entre el electorado el tener guerra de cárteles”, comentó.