La austeridad de AMLO como política de gobierno digital ha sido insuficiente

En los dos años de su gobierno, el presidente López Obrador ha recortado de forma importante el presupuesto destinado a la adquisición de productos y servicios tecnológicos que el gobierno utiliza para ofrecer servicios públicos.

La estrategia digital del presidente Andrés Manuel López Obrador durante los dos años que lleva su administración ha hecho énfasis en el recorte del gasto y la austeridad al adquirir productos y servicios y no en una política pública que permita hacer más cercana y eficiente la relación entre el gobierno y los ciudadanos, coincidieron expertos consultados por El Economista. 

“Su eje como gobierno ha sido la austeridad y cuando hablas con las dependencias subrayan de manera importante y genuina un ahorro en el gasto en inversión tecnológica», dijo Ricardo Zermeño, director de Select, consultoría de mercado especializada en el sector TIC. 

En los dos años de su gobierno, el presidente López Obrador ha recortado de forma importante el presupuesto destinado a la adquisición de productos y servicios tecnológicos que el gobierno utiliza para ofrecer servicios públicos. Entre 2018 y 2019, el recorte en tecnología fue de 22% y aunque para 2020, el presupuesto proyectaba un gasto 13.4% mayor que el del año anterior, este crecimiento se evaporó con la llegada de la pandemia de Covid-19 y el consiguiente recorte de 17% en el segmento TIC del gobierno.    

Para Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), el gobierno digital es un concepto que supone que todos los trámites y procedimientos, además de los planes de gobierno estén digitalizados, con el fin de que el usuario pueda acceder a servicios públicos a través de las TIC y así las instituciones sean más eficientes; tengan un mejor control de los recursos y sean más cercanos a la ciudadanía.

“México está más avanzado en gobierno digital que otros países de América Latina, pero aún así está muy atrasado, porque no ha sido claro a la hora de implementar una política de gobierno electrónico para un plazo más o menos cercano, como pueden ser cinco años”, dijo Bravo.

Uno de cada tres mexicanos interactuó con el gobierno por internet

En 2019, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) realizada por el Inegi, un tercio de la población mexicana mayor de 18 años tuvo al menos una interacción con el gobierno a través de internet, lo que supone un crecimiento de 3.4% respecto de 2017, un año antes de que terminara la administración de Enrique Peña Nieto.

Según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la mayoría de los ciudadanos (18.8%) han usado internet para llenar o enviar algún formato para comenzar, continuar o concluir un trámite; mientras que 16.2% consulta páginas de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) y 11.2% realizó el pago por un servicio en las páginas de internet del gobierno. Para el Inegi, estas mediciones revelan cambios significativos con respecto al ejercicio anterior.

Desde la perspectiva internacional, que menciona Jorge Bravo, México ha mejorado de forma moderada en el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico elaborado por la ONU en 2020, que mide la capacidad de los gobiernos para desarrollar políticas públicas que faciliten el uso de las tecnologías de la información como medio de acceso e inclusión a los servicios públicos, al pasar del puesto 64 en 2018 al 61 de un total de 193 países miembros de la organización. La Ciudad de México destaca en el Índice de Servicios Digitales Locales (LOSI) al ocupar la posición 20 de 86 ciudades, con un nivel “alto” de este tipo de servicios, aunque se mantiene por debajo de otras urbes latinoamericanas como Bogotá, Buenos Aires y Sao Paulo. 

De acuerdo con Ricardo Zermeño, de Select, la austeridad como política digital del gobierno es insuficiente, debido a que ninguna organización ─ni pública, ni privada─ puede tener como meta el recorte de gastos. Éste es solamente una condición para lograr un uso eficiente de los recursos, pero debe ser ponderado con la oferta de valor y los beneficios que le vas a ofrecer a los ciudadanos, lo que se conoce como balance costo-beneficio. 

“Más allá de la austeridad, hay una falta de una propuesta de gobierno digital y de fomento a la industria de desarrollo de tecnología, algo que sí veo en los estados”, dijo Zermeño, quien añadió que los funcionarios de los estados sí están más abocados al desarrollo del gobierno digital, con portales ciudadanos, interoperabilidad y métodos de identificación basados en su mayoría en la firma electrónica del SAT.

Bravo coincide en que la administración del presidente López Obrador ha confundido una estrategia de gobierno digital con una ventanilla que compra equipo o software y no como una estrategia que contemple el diseño, la implementación, la ejecución y el diseño de una política pública digital. “Eso no existe en el actual gobierno”, dijo. 

Presupuesto aumenta 60%

El presupuesto proyectado por el gobierno federal para 2021 ha sido una sorpresa para Zermeño, pues la administración planea incrementar su

gasto en tecnología al menos 60%, un crecimiento que supone recursos adicionales por 10,500 millones de pesos. Este aumento, junto con la reciente aprobación por parte de los diputados ─por lo que aún falta la anuencia del Senado─ para la creación de una cédula de identidad, hacen pensar al director de Select que hay un reconocimiento por plantear una oferta de gobierno digital más moderna.  

“No puedes integrar los procesos si no tienes datos de calidad y por ende, modelos de gobernanza de datos y eso es lo que representa la cédula de identidad, con el riesgo que lleva esto”, dijo Zermeño, quien planteó dos escenarios: uno en el que el gobierno atiende de forma personalizada a sus ciudadanos y los “deja de usar de mensajeros de sus propios documentos” y otro de control absoluto del ciudadano, al estilo de 1984 de George Orwell. 

Pero para Jorge Bravo, el panorama inmediato es menos optimista pues el director de la Amedi cree que actualmente lo único que existe en México respecto a una política digital “es un mercado y una industria que crecen a la manera de sus posibilidades”.