México enfrenta su primera prueba por una queja laboral en el T-MEC
La mayor central sindical estadounidense, la AFL-CIO, y otras organizaciones presentaron la denuncia en contra de la empresa Tridonex por presuntamente impedir que sus trabajadores se organizaran en un nuevo sindicato, encabezado por Susana Prieto.
La Federación Americana del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) y otros grupos presentaron la primera solicitud de un caso de respuesta rápida laboral en contra de una empresa de autopartes instalada en México en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El caso está dirigido contra Tridonex, una empresa ubicada en Matamoros, con matriz en Filadelfia (Cardone Industries) y controlada por la canadiense Brookfield Asset Management.
En el 2016, Cardone anunció planes para trasladar su división de frenos a México y despedir a más de 1,300 trabajadores en Filadelfia.
La AFL-CIO argumentó que los trabajadores de Tridomex han sido acosados y despedidos por sus esfuerzos para organizarse con un sindicato independiente, Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS), en lugar de un sindicato controlado por la propia Tridomex.
Como parte de las ilegalidades, argumenta la AFL-CIO y los otros grupos acusadores, Susana Prieto Terrazas, una abogada laboral mexicana y líder del SNITIS, fue arrestada y encarcelada el año pasado.
El mecanismo es una respuesta a las preocupaciones en Estados Unidos sobre las condiciones laborales en México.
Asimismo, es un reflejo de la presión de legisladores demócratas y el acercamiento que la administración del presidente Donald Trump tuvo sobre el comercio, con mayor disposición de incluir medidas sin precedentes y dirigidas a asegurar que las prescripciones en el acuerdo sean ejecutables, incluyendo la posibilidad de la imposición de sanciones.
La queja se presentó dos días antes de que la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, testifique ante el Comité de Finanzas del Senado el miércoles y comparezca ante el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes el jueves, para presentar la política comercial del presidente Joe Biden.
En una primera reacción, los demócratas del Congreso elogiaron la queja laboral de la AFL-CIO, un sindicato con el que presionaron en las negociaciones del T-MEC para elevar los estándares laborales ligados al comercio internacional y las inversiones extranjeras, así como su cumplimiento efectivo.
La queja fue presentada además por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), SNITIS y Public Citizen, un grupo de defensa de los derechos del consumidor de Estados Unidos.
“Los acuerdos comerciales solo funcionan cuando aplicamos estándares laborales para proteger a los trabajadores. Me alegra ver hoy la denuncia T-MEC de la AFL-CIO, SEIU, SNITIS y Public Citizen contra las fábricas mexicanas de autopartes que despidieron a más de 600 trabajadores por organizarse”, dijo la senadora demócrata Elizabeth Warren, vía Twitter.
Según los términos del Anexo Laboral del T-MEC, las reformas incluyeron disposiciones específicas para prohibir el registro de los llamados “contratos de protección”, que son acuerdos de negociación colectiva celebrados por sindicatos no representativos, a menudo sin el conocimiento de los trabajadores, y que socavan la negociación colectiva legítima y aseguran bajos salarios.
“El T-MEC requiere que México ponga fin al reinado de los sindicatos de protección y sus acuerdos corruptos con los empleadores”, dijo Richard L. Trumka, presidente de AFL-CIO, en un comunicado.
De acuerdo con los reclamantes, entre otras violaciones, los trabajadores no han podido elegir a sus dirigentes sindicales ni ratificar su convenio colectivo, además de que Tridonex despidió a más de 600 trabajadores en actos de represalia. Tridomex ha negado las acusaciones.
Hacia adelante, el gobierno estadounidense tendrá 30 días para determinar si el caso tiene mérito.
De ser así, se tendría que acordar una solución con Estados Unidos en los siguientes 55 días para evitar un panel de solución de diferencias.
“Represión avivó el fuego”
El movimiento obrero de Matamoros, Tamaulipas, surgido en 2019, “es el protagonista” de la denuncia, dijo Susana Prieto, asesora legal de las y los huelguistas de al menos 28 maquiladoras.
Por su activismo en esa ciudad fronteriza, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, “inventó acusaciones en mi contra para encarcelarme”. Por el mismo motivo, pero en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sufrido persecución política del mandatario de esa otra entidad, Javier Corral, sostuvo en entrevista.
“Creían que apagaban, que acorralaban el movimiento, que todo terminaba ahí”. Pero parece que avivaron el fuego. Luego de la represión policial y la fabricación de delitos contra sus líderes más visibles, lo que consiguieron autoridades, sindicatos y empresas fue justamente lo que buscaba esa disidencia: “Evidenciar la precariedad las relaciones obrero-patronales en la industria maquiladora”, comentó. (con información de Blanca Juárez).
Queja laboral en el T-MEC: ¿Ahora qué sigue?
- Hacia adelante, el gobierno estadounidense tendrá 30 días para determinar si el caso tiene mérito y, de ser el caso, tendría que acordar una solución con el gobierno mexicano en los siguientes 55 días para evitar un panel de solución de diferencias.
- De levantarse el panel, se cuenta con un plazo de cuatro meses para resolver; si se decreta la culpabilidad de la empresa, se podrían bloquear sus exportaciones o retirárseles los beneficios arancelarios del T-MEC.
- El nuevo mecanismo de “respuesta rápida” del T-MEC –único en los tratados comerciales en el mundo– prevé una investigación de un panel independiente sobre la negación de derechos laborales en sectores prioritarios del tratado, definidos como aquellos que producen bienes manufacturados, suministran servicios o involucran a la minería.
- El T-MEC permite que observadores estadounidenses y mexicanos acompañen al panel en cualquier visita que realice a la instalación para verificar las reclamaciones en la petición.
- En general, el Mecanismo se aplicará siempre que una Parte (la Parte reclamante) cree de buena fe que a los trabajadores de una instalación cubierta se les niega el derecho de libre asociación y negociación colectiva.
